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Por un Ministerio de la Juventud

Ilustración de Mikel CasalQue nadie se ponga nervioso. Cuando alguien plantea hacer un nuevo ministerio todo el mundo piensa que tendremos que pagar un nuevo edificio y luego lo llenaremos de nuevos funcionarios que estarán a la espera de no sé cuantas nuevas instrucciones para crear nueva burocracia. No, no se trata de eso, se trata de plantear cómo conseguir políticas para la emancipación juvenil que sean realidad en este mandato.

Cuando en los años ochenta uno de los mejores directores generales del Instituto de la Juventud, Magdy Martínez, quiso establecer por primera vez políticas serias, realizó un primer Plan Integral de Juventud. Se trataba de establecer un nuevo método de trabajo institucional que fuera transversal, es decir, que afectase a distintos ministerios. Se trataba de hacer política contra el paro juvenil –Ministerio de Trabajo–, sobre vivienda –Obras Públicas–, el servicio militar –Defensa–, etc. El Plan Integral fue un éxito técnico y político de dimensiones extraordinarias.

Nunca tanto ministro, ni tanto secretario de Estado, ni tanto director general –ni antes, ni después– ha tenido que dialogar con 200 personas de diversas instituciones y de la sociedad civil. Y éstas dieron la batalla en cada comparecencia. ¡Qué tiempos donde uno se levantaba y criticaba a un ministro! ¡Qué valentía del director general invitar a representantes de organizaciones juveniles tan combativas!

Sin embargo cuando se evaluó el plan, la conclusión fue agridulce; se había hecho un buen diagnóstico, se habían propuesto buenas soluciones, pero los responsables políticos no hacían el caso necesario a un simple director general. Por eso la última conclusión fue que las políticas de juventud necesitan de un nuevo instrumento político.

Pongamos un ejemplo. La gente con alguna sensibilidad hacia los jóvenes era consciente de que el servicio militar obligatorio en los años ochenta era una rémora para las políticas de izquierdas y seguramente el elemento de distanciamiento más claro de los jóvenes hacia las políticas progresistas. Pero si esto era muy claro para cualquier político cercano a los jóvenes, era muy diferente para Felipe González. Se necesitaba un ministro que velara por las políticas de juventud en el Consejo de Ministros. Por ello planteamos ya en el año 1999, de cara a las elecciones de 2000, la necesidad de realizar políticas para la emancipación juvenil acompañadas de la creación de un Ministerio de la Juventud.

Planteamos este Ministerio como símbolo del compromiso de la izquierda con los jóvenes. Ni nuevos edificios (Ortega y Gasset y Marqués de Riscal, son suficientes), ni más funcionarios.

Algo de todo esto ha pasado en estos cuatro años. Si bien la opción de la izquierda ha sido clarísima, el resultado para los jóvenes es limitado en cuanto a la precariedad laboral y el acceso a la vivienda. Es verdad que ahora hay menos paro juvenil (18%) que en el año 2004 (22%) y un poquito menos de precariedad laboral (53% en 2004 contra 51% ahora). También se ha construido más vivienda social que en la etapa anterior. Pero los cambios son demasiado tenues. Seguramente ha habido otras prioridades, pero esta legislatura tiene que ser la legislatura de la juventud. Pedro Solbes, a punto de la jubilación, tiene que ser un poco más sensible a la juventud en cuanto a su financiación y plantear becas razonables y no solo simbólicas.

El porcentaje que dedicamos a educación en relación al PIB en España es de los más reducidos de Europa. El porcentaje del gasto público en educación que se dedica a becas en España es del 7%, cuando la media europea es del 17% y en Suecia del 28%. Las becas deben estar suficientemente dotadas de manera que permitan, como a los suecos, la primera emancipación estudiando. Creemos que bajando los niveles de paro juvenil por debajo del 10% y los índices de precariedad laboral juvenil por debajo del 15%, es posible mejorar las posibilidades de emancipación juvenil. Ahora bien, la administración pública haría bien en predicar con el ejemplo. En el conjunto de las administraciones públicas españolas la precariedad laboral es del 20% y en los ayuntamientos del 32%. Ya es hora de plantearse un programa de actuación para reducirlo a los niveles razonables (un 5%). ¿Cómo, si no, un ministro puede dirigirse a los empresarios exigiéndoles compromiso y responsabilidad social, si en la administración pública se está haciendo lo mismo?

Si están pensando en cómo se paga todo esto, les diré que estoy planteándome hacer una acción de insumisión fiscal y no desgravarme los 400 euros, se los doy a Pedro Solbes para que –si todo el mundo hiciera lo mismo– con el billón de pesetas pueda hacer una política generosa de becas estudiantiles. ¿Alguien piensa sinceramente que un ciudadano se hace de izquierdas para pagar menos? Es más, ¿alguien piensa que alguien se hace de izquierdas para tenerlo más fácil en esta vida? Si alguien piensa así es que nunca ha sido de izquierdas y además tiene una visión mezquina de la vida. Soy de los que prefieren vivir en una sociedad con más presión fiscal y con mejores servicios públicos.

Crear un Ministerio de la Juventud puede favorecer que en el Consejo de Ministros los temas que preocupan a los jóvenes no queden relegados ante el ruido ensordecedor de la derecha.

La culpa de todo es de los jóvenes

Los jóvenes tienen la culpa de todos los problemas sociales de España. Los jóvenes no quieren estudiar, no quieren trabajar, no se quieren ir de casa, no quieren tener hijos porque son unos egoístas y además, por su culpa, no podremos pagar las pensiones de sus abuelos; no quieren participar excepto en los botellones. En fin, vivimos en la única sociedad del mundo donde la responsabilidad de los males colectivos no se debe a los poderosos de la política o la economía sino a los ciudadanos de 15 a 30 años.

En el tema de la escuela, parece como si los jóvenes estudiaran menos que sus padres. Pero la realidad es bien distinta: la proporción de licenciados universitarios entre los jóvenes es del 21% y de los adultos, del 11%. No deja de ser chocante escuchar a tanta gente mayor criticar a la generación de sus hijos por los malos resultados escolares, cuando la causa del problema son ellos, es decir, casas sin ningún libro. Además culpabilizar a los jóvenes viene de antaño; veamos: “La mayor parte de ellos (los exámenes) eran incalificables; sin ortografía, sintaxis ni nada parecido; en unas letras ininteligibles, revelando que llegaban a las aulas universitarias, después de seis años de bachillerato, sin la preparación más elemental de la escuela primaria”. Esto no lo ha escrito un profesor universitario de ahora sino Odón de Buen, catedrático de la Universidad de Barcelona en el siglo XIX. Y en aquella época sólo estudiaba un 1% de los que lo hacen ahora. Ahora los jóvenes pueden circular por las mejores universidades del mundo sin hacer el ridículo como antes.

El 60% de los jóvenes con un padre universitario se plantea hacer el bachillerato, mientras no llegan al 30% los chicos con padres de poca formación. Pero está haciendo mucho daño la idea expresada por todo tipo de adultos, especialmente periodistas y políticos, de que estudiar no sirve para nada. Una falsedad monumental. Un licenciado universitario gana 32.000 euros al año, con educación primaria, 15.000 euros, y sin estudios, 12.000. Es decir, aunque la diferencia entre chicas y chicos es aún muy grande, la verdad es que los universitarios ganan casi tres veces más que uno sin estudios. A la vez, se entiende el gran esfuerzo de las chicas por estudiar, ya que consiguen ganar mucho más que la mayoría de sus compañeros.

Vistos estos datos aún se entiende menos cómo se continúa despreciando el esfuerzo de estudiar. Además, ya es triste tener que argumentar que es necesario estudiar, no para aumentar la cultura, la libertad y el crecimiento personal, sino para ganar dinero. Estamos a la cola en gasto social y en gasto en educación en relación al PIB, y mientras tanto seguimos discutiendo qué impuestos bajamos y cuáles quitamos; eso sí, para después echar la culpa a la juventud.

En el colmo de la desfachatez, se decía en los años anteriores, cuando el paro juvenil era pavoroso, que los jóvenes no querían trabajar. Ahora se ha demostrado que no era cierto. Ahora podemos demostrar además que las políticas de precarización del mercado de trabajo no han dado resultado. Ahora hay muy poco paro juvenil, pero lo que ha cambiado es simplemente que hay menos jóvenes. Es decir, ahora trabajan tantos jóvenes como hace 15 años. ¿Por qué será que los que predican la precarización del trabajo tienen grandes sueldos y contratos blindados?

Y entramos en la otra gran mentira: los jóvenes no quieren irse de casa porque son unos cómodos. La precariedad laboral juvenil es del 60% (la de los mayores de 25 años, del 20%). ¿Quién puede irse de casa cuando no tiene asegurados ni seis meses de trabajo? Además, hay que tener presente que la confianza de los jóvenes en los contratos indefinidos es francamente descriptible atendiendo a la poca ética y responsabilidad social del mundo empresarial español.

No puede existir una auténtica política de emancipación juvenil, concepto introducido por la Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia a finales de los años 90, sin una precariedad por debajo del 10%. Sabemos además que en los mejores años de políticas sociales de los gobiernos del PSOE se llegaron a realizar alrededor de 180.000 viviendas de protección oficial, un ritmo que cayó a niveles ínfimos en los años del PP. Decían que el mercado lo arreglaba todo; ya lo hemos visto. Pero nos parece que el debate está mal planteado. El número de viviendas de alquiler social en Francia es del 17%; en Inglaterra, del 21%; en España, del 2%. ¿Y si empezamos? Llegar a un 10%, como primera etapa sería un buen objetivo. ¿En cuántos años? Pretender hacer políticas activas de vivienda sin ingentes cantidades de dinero es imposible.

¿Con estos datos a alguien le extraña que los jóvenes tengan dificultades para irse de casa? Pero la criminalización de los jóvenes va más allá. Se dice que no tienen iniciativa de ningún tipo y que lo único que quieren ser es funcionarios. Veamos. De la generación que dice este embuste, la de entre 46 a 60 años, siete de cada 100 son funcionarios. Entre los menores de 30 años, en cambio, llegamos a menos de dos por cada cien.

También se dice que los jóvenes pasan de la política. La realidad es que pasan igual que sus padres y de ellos poco se dice. Es verdad que votan menos, más o menos la mitad de la abstención general se debe a ellos, pero no es menos cierto que alguna causa significará que del conjunto de representantes políticos en los parlamentos menos de un 5% sean jóvenes, habiéndose reducido en los últimos diez años casi a la mitad. En el año 1999 propusimos un Ministerio de la Juventud que significara el compromiso para resolver los problemas de la precariedad, la vivienda y la participación; ahora insistimos en ello: ¿y si se crea el Ministerio de Juventud y Vivienda?